El nuevo decreto refuerza el control sobre el tabaco

El nuevo decreto sobre la trazabilidad de la hoja de tabaco crudo publicado por la Junta de Extremadura a finales de julio busca profundizar en ese control, estableciendo para ello una serie de medidas que deben cumplir de manera obligatoria tanto los productores de tabaco crudo como las empresas de primera transformación, que son las que tratan la hoja entes de entregarla a la industria manufacturera. También se detallan los requisitos de la guía de transporte que debe acompañar siempre al tabaco y la información que es necesario plasmar en ella. Por último, quedan determinados claramente todos los datos que deben aparecer en el embalaje, con una identificación precisa de su procedencia y todas sus características. Los infractores serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el real decreto de 1983 que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. La obligatoriedad de los contratos por escrito con unos contenidos mínimos y la de informar a la administración sobre la actividad de secado son algunas de las medidas de control incluidas en el decreto de trazabilidad.

El gobierno extremeño recordó al presentar la nueva norma que más de 20.000 familias viven en Extremadura de un cultivo del que la región produce el 99% del total nacional. La portavoz, Isabel Gil Rosiña, considera que este decreto sitúa a Extremadura «a la cabeza de Europa en materia de trazabilidad del tabaco para frenar el auge del comercio ilegal de picadura de tabaco», y destacó que el texto definitivo ha sido consensuado con el sector.

Los productores han manifestado su satisfacción con el decreto. La Organización Interprofesional del Tabaco de España (OITAB) está convencida de que la norma «dotará de mayor transparencia al sector legal», y ha recordado que tanto los cultivadores de hoja como la industria de primera transformación «están firmemente comprometidos en la lucha contra el comercio ilícito».

La organización señala además que las propias características de un sector tan estructurado como el del tabaco, en el que el 95% de la contratación se lleva a cabo a través de siete organizaciones y agrupaciones de productores y cinco empresas de primera transformación, contribuirá a facilitar la aplicación de la nueva norma ya en la presente campaña 2018-19.

En cuanto a los requisitos recogidos en el decreto, OITAB destaca la exigencia de que se firmen «contratos debidamente registrados donde queda reflejada la información de los cultivadores, los volúmenes producidos, las parcelas y las entregas», además de otros datos que redundan en «un mayor control a los movimientos de hoja de tabaco».

La producción de tabaco en Extremadura contratada para esta campaña es de casi 30.000 toneladas, con una superficie cultivada de 8.827 hectáreas y un impacto de 120.000 millones de euros. La mayor parte están en las comarcas de La Vera y el Campo Arañuelo. La variedad Virginia supone el 96% del total de la producción, aunque también se produce Burley (3,3%) y Havana (0,74). La principal industria de primera transformación sigue siendo Cetarsa, que ha confirmado la contratación del 75,8 del total de la producción, seguida por Deltafina (14,6%), Mella (6%), Verde, Blanco y Verde (2%) y Agroexpansión (1,45%).