El contrabando de hoja de tabaco, otra amenaza para un sector con dificultades en Extremadura

Ya se venía constatando el auge de este tipo de actividad, cuando la Guardia Civil intervino el pasado 30 de octubre 250 toneladas de hojas de tabaco, la mayor aprehensión en Europa y cuyo valor podría ascender a 40 millones de euros.

La operación, denominada 'Pacote', destapó en Extremadura, donde se produce 94,5% del tabaco español, una organización dedicada al cultivo, recepción, almacenamiento y distribución de este producto que, a través de una empresa de actividad legal, camuflaba la venta de hojas fuera de los cauces establecidos, lo que permitía comercializar finalmente este tabaco en internet con posteriores envíos por paquetería.

El comandante jefe de Operaciones de la Comandancia de Badajoz, Manuel Delgado, en declaraciones a Efe, reconoce que a raíz de varias aprensiones de grandes cargamentos a principios de 2017, se incidió en la investigación en origen de este tipo de actividad y se buscó que 'Pacote' fuera una «operación ejemplarizante» para frenar un «fenómeno emergente», algo que cree que se está consiguiendo.

El norte de la provincia de Cáceres concentra el cultivo de tabaco en España y en Extremadura, con una superficie de 8.795 hectáreas en 2017, una actividad que da sustento a unas 20.000 familias de forma directa e indirecta.

Más del 80% de las compras a los cultivadores para su transformación las realiza la empresa pública Cetarsa, que cuenta con fábricas en Talayuela y Navalmoral de la Mata, además de con centros de almacenaje en Coria, Jaraíz de la Vera y Jarandilla, lo que da una idea de la importancia económica del tabaco en las comarcas de Campo Arañuelo, La Vera y Alagón.

Por ello, según Delgado, este tipo de contrabando «colisiona con la transparencia de un sector que hay que preservar» y que además está «sumamente controlado, pues todo obedece a contratos previos» con la industria.

«Si se crea desconfianza, los fabricantes no van a querer comprar nuestra hoja de tabaco, pero es que además, a nivel europeo, se puede estar pensando que se subvenciona un cultivo que sale al mercado de forma incontrolada», añade este comandante de la Guardia Civil, que se ha encargado de dar charlas a los agricultores para concienciarles del daño que puede hacerles el comercio ilícito.

Los agricultores extremeños han resistido a la eliminación de las ayudas europeas acopladas a este cultivo y soportan la cruzada continua de las políticas sanitarias contra el consumo del tabaco, pero su apuesta por la calidad, con importantes inversiones en los últimos años, puede verse en peligro con esta nueva amenaza.

Por ello, Altadis también celebra jornadas de concienciación para hacerles ver que esta práctica ilegal «va en detrimento de la imagen de la calidad del tabaco extremeño», según el responsable de comunicación de esta compañía líder del sector en España, Miguel Ángel Martín, una lucha en la que van de la mano productores, fabricantes, distribuidores, estanqueros, la Junta de Extremadura y la Agencia Tributaria.

Martín y Delgado coinciden en que no se puede criminalizar a los cultivadores y que son muy puntuales los casos de quienes han caído en la tentación de desviar parte de su producción al mercado ilícito.

Además, el representante de Altadis advierte de que el tipo de producto que termina en el canal ilegal puede ser «tabaco excedente o tabaco rechazado por falta de calidad», lo que supone «un riesgo añadido para la salud».

De hecho aunque la picadura de tabaco se suele ofertar a través de internet como '100% natural' o 'sin aditivos', lo cierto es que no ha pasado ningún tipo de control y puede ser sometida a mezclas con ambientadores o incluso con estiércol de caballo, como descubrió la Guardia Civil al desmantelar una red en Cataluña.

Miguel Ángel Martín ha recordado que internet es un canal prohibido de venta para el tabaco, pero ha reconocido que controlar la red «es muy difícil, como poner puertas al campo», algo que comparte Delgado, aunque aclara que «no es imposible».

Los propios cultivadores, como Daniel Rodríguez, de UPA-UCE, reconocen que ellos son los primeros interesados en acabar con esta actividad ilícita, porque les perjudica en todos los sentidos, supone una competencia desleal y va en contra del marchamo de calidad que se han esforzado en dar al tabaco extremeño.

A su juicio, los precios que pagan las empresas «son bajos», lo que les hacer estar «siempre bailando en el filo del cuchillo» e influye en que algunos productores que «no llegan» puedan verse «tentados» a caer en el contrabando.

Por ello, defiende la equiparación de los precios con países como Italia, donde el kilo de tabaco en rama de la variedad virginia se compra por las empresas a 2,70 euros, mientras que en España estuvo el año pasado entre los 2,25 y los 2,28 euros, unos beneficios que se multiplican por cinco en el mercado ilegal, hasta los 10 euros por kilo, según la Guardia Civil.

Mientras tanto, la Junta de Extremadura, consciente de la importancia del sector tabaquero para la región, ya ha anunciado que prepara un decreto de trazabilidad de la hoja de tabaco.