La UE respalda que la PAC considere la dehesa como pastos permanentes

Uno de los aspectos acordados en el citado reglamento aborda el tratamiento de los pastos permanentes.

Los ganaderos extremeños que tienen explotaciones en dehesas se han visto perjudicados por unas normas que «dejaban fuera de las ayudas determinadas superficies con árboles y arbustos que son utilizadas por el ganado».

De hecho, España, y por ende Extremadura, ha sido sancionada precisamente por esta inadecuada definición de la dehesa en la PAC.

Con esta nueva normativa, «la UE reconoce el derecho de los Estados Miembros a considerar como pastos permanentes aquellas superficies en las que predominan árboles y arbustos», han remarcado desde la Administración regional.

A la espera de la publicación de los textos definitivos, la Junta de Extremadura espera que se pueda aplicar a nivel nacional a partir de 2018, «considerando como elegibles todas las superficies de pastos que se han quedado fuera en los últimos años».

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, viene trabajando en elaborar y elevar propuestas que permitan un mejor encaje de la dehesa en la PAC que permita abordar desde un punto de vista integral su protección y mantenimiento.

En marzo de este año, la consejera de Agricultura, Begoña García, y la directora general de la PAC, Yolanda García, intervinieron en un acto organizado en el Parlamento Europeo para dar a conocer esta problemática y solicitar que se abordara una solución en el reglamento Ómnibus.

Desde entonces, se han mantenido reuniones con instituciones y otros organismos públicos y privados en busca de un consenso que permita una mayor sensibilización de la necesidad de proteger y potenciar este ecosistema único y de altísimo valor ecológico.

Extremadura cuenta con un total de 1.625.000 hectáreas de dehesa en las que pastan 2.774.000 animales anualmente, en extensivo y generando producciones diversas, medioambientalmente sostenibles y de alta calidad.

La dehesa es un ecosistema agroforestal de gran valor ecológico que debe ser protegido por la Política Agraria Comunitaria al objeto de preservar sus características medioambientales, que integran de forma inseparable, el mantenimiento de la actividad ganadera, con un aprovechamiento forestal y agrario, la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales públicos.

La aplicación de las sucesivas reformas de la PAC está poniendo en peligro la continuidad de este ecosistema que se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica así como amenazada por otros problemas de índole sanitario y ambiental.