Almaraz se replantea su futuro

Ese día, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) informó de que aceptaba la propuesta del Gobierno y cambiaba el procedimiento que las nucleares españolas deben cumplir si quieren renovar sus licencias, es decir, si desean seguir funcionando más allá de los cuarenta años. Esa modificación clave que ha hecho variar las posturas es el retraso de la fecha tope para solicitar seguir en activo, que ahora queda fijado en mayo del año 2019. Este detalle es particularmente importante en el caso de Almaraz, que debía pedir la renovación de licencia antes del próximo 8 de junio. La tregua aprobada por el CSN a instancias del Gobierno significa que en vez de unos pocos días, tiene por delante dos años. O sea, un amplio margen para pensar.

El Plan de Energía y Clima

Las tres empresas dueñas de la instalación quieren que el Gobierno les cobre por ella menos impuestos

Que la fecha tope sea mayo de 2019 no es casual. El texto aprobado esta semana establece que las empresas tienen de plazo hasta dos meses después de que se publique el Plan de Energía y Clima, que si no surgen inconvenientes se conocerá en marzo de ese año. Y ese documento es el centro de todas las miradas entre las partes implicadas, pues debe recoger las líneas maestras del nuevo modelo energético español. El 'mix' energético, en la terminología extendida en el sector. O si se prefiere: cómo se organiza el país para abastecerse de energía.

Entre los asuntos a perfilar está definir cuánto aportarán las energías renovables al sistema nacional. Y otro asunto capital para los dueños de las centrales nucleares: la fiscalidad. Esto es, los impuestos que pagan, un asunto que tiene relación directa con la rentabilidad del negocio, según comentó el pasado miércoles Ignacio Araluce, presidente del Foro Nuclear y que durante catorce años ejerció como máximo responsable de la central de Almaraz. «Durante los últimos años -declaró-, los impuestos se han comido casi el cincuenta por ciento de los ingresos del sector».

Una reflexión en esta línea ya la hizo el presidente de Iberdrola durante la junta de accionistas de marzo, según recogía Diario Vasco el pasado miércoles. Ignacio Sánchez Galán afirmó que con el actual sistema de impuestos, las nucleares «son deficitarias».

En esta tesitura, los dos años de prórroga para decidir si bajan la persiana o piden al Estado seguir produciendo energía se presentan como una oportunidad para negociar con el Gobierno a fuego lento. Las propietarias de las nucleares tienen por delante 24 meses para intentar que el Estado les rebaje la carga fiscal. Según las palabras de Sánchez Galán y de Araluce, de esta cuestión dependerá en gran modo que instalaciones como Almaraz soliciten seguir abiertas más allá del año 2020.

Entre los argumentos que utilizarán para intentar ganar la partida está el que ya expuso el miércoles el presidente del Foro Nuclear, que entiende que España no puede prescindir de este tipo de energía de un día para otro. El motivo, desgranó, es que si el país dependiera solo de la eólica y la solar, el abastecimiento a hogares y empresas no estaría garantizado cuando escasearan el viento y el sol.

En esta situación, con tantas piezas sobre el tablero (la fiscalidad, la indefinición del futuro marco energético español, el peso de las renovables, la negociación entre empresas propietarias y Gobierno), no hay mucho espacio para las certezas. Si acaso, sí para una: Almaraz, que genera más energía que ninguna otra central nuclear en España , se está replanteando su futuro.